La mujer española ha duplicado, en 25 años, su actividad laboral a costa de tener la mitad de hijos Un estudio del Instituto Nacional de Estadística tilda el cambio femenino en el periodo constitucional de «espectacular». Los números ponen rostro a la obviedad
«Todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio... sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Así versa el artículo 35.1 de nuestra Constitución, uno de los mayores avances sociales que trajo el sistema democrático a España y casi una realidad 25 años después.
Según la última publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha examinado los principales cambios sociales acaecidos en nuestro país desde la efeméride que hoy se celebra, los números dicen que la igualdad social entre ambos sexos aún no se ha conseguido, especialmente en el campo laboral, si bien la mujer ha duplicado su tasa de actividad en este periodo.
Tiene, como consecuencia, la mitad de hijos (de 2,6 hijos que tenía de media cada mujer en 1978 a 1,3 en 2002), y lo hace dos años más tarde ahora que 25 años atrás.
Carmen Alcaide, presidenta del INE, sintetiza de forma muy clara el cambio «de enorme envergadura» experimentado en pos de la integración social de la mujer.
Con sus pros: «Que haya más mujeres que hombres cursando estudios universitarios o que las mujeres comiencen a ocupar puestos de relevancia son síntomas evidentes de que la sociedad española está consiguiendo salvar la discriminación de género». Y sus contras: «Las tasas de paro femeninas siguen superando a las masculinas en todas las edades y el trabajo doméstico y el cuidado de niños y ancianos sigue reposando» más en ellas que en ellos.
En el campo laboral, el agravio comparativo analizando las cifras de hoy y las de 1978 lo sufren los hombres.
Si entonces la tasa de actividad masculina se situaba en un 75,7 por ciento, esta cifra ha decrecido hasta el 67 por ciento actual, según las Encuestas de Población Activa correspondientes a este periodo. Ellas, en cambio, han logrado penetrar en el mercado de trabajo y duplicar su porcentaje: del 28,1 por ciento al -todavía tímido- 42,3 por ciento.
La magnitud de esta «espectacular» transformación se denota, sobre todo, en el caso de las mujeres casadas al que, según el exhaustivo estudio «La sociedad española tras 25 años de Constitución», obedece la mejora de la mujer en el panorama laboral, habiendo pasado la tasa de actividad de este grupo del 20,7 por ciento al 41,1 por ciento.
Desglosados por edades, resulta llamativo apreciar cómo se han acortado las diferencias que existían en 1978 entre las tasas de ocupación de hombres y de mujeres, salvo entre los grupos de edad más jóvenes -de 16 a 19 años y de 20 a 24-, donde dichas diferencias se han agrandado por la prolongación de la etapa de formación y la mayor profusión de mujeres en los estudios universitarios y por ser la mujer más vulnerable a la situación de desempleo.
Haz y envés de la mujer de hoy
Precisamente, son estos dos campos -el nivel de estudios y el desempleo- los que representan las dos caras de la situación de la mujer a día de hoy.
Las estadísticas reflejan cómo de un millón y medio de las plazas universitarias, un 53 por ciento son copadas por ellas. La cruz de esa moneda la representa la desigualdad que en las tasas de desempleo redunda en contra de la mujer. No ha cambiado en 25 años el hecho de que son las personas más jóvenes, y dentro de ellas las mujeres, las que más soportan la desocupación. Esta vulnerabilidad al desempleo se hace patente en todos las edades.
El estudio reconoce, finalmente, que persisten barreras sociales en cuanto a la compatibilización de los ámbitos familiar y laboral, al recaer mayoritariamente este peso del lado femenino. Quizás sea en el próximo informe, cuando la Carta Magna celebre sus bodas de oro, el momento en el que los apartados de desigualdad entre sexos hayan quedado suprimidos ante la obviedad.
Mejor en el trabajo, peor en el hogar
La lucha que ha librado la mujer para conquistar metas en la carrera por la igualdad le ha exigido renunciar, parcialmente, a su vida familiar. Así se observa en la línea evolutiva del indicador coyuntural de la fecundidad (o número medio de hijos por mujer) que ha ido decreciendo sucesivamente durante el periodo constitucional.
Si en 1975 la tasa media se situaba en 2,8 hijos por mujer, en 2002 se situó en 1,3.
Esto significa que la citada tasa se encuentra, desde el año 1981, por debajo del umbral de reemplazo generacional, es decir, el nivel necesario para asegurar que las sucesivas generaciones de nacidos sean sustituidas por otras de igual tamaño (actualmente, sería 2,1 hijos por mujer el dato óptimo).
El estudio realizado por el INE demuestra que no sólo tienen menos hijos, sino que además los tienen mucho más tarde: el aumento de la edad media de la maternidad ha ascendido desde 1978 dos años (de 28,8 años a 30,8 en la actualidad).
Un retraso atribuible a diversos factores, entre los que destacan el periodo de tiempo dedicado a los estudios, la inestabilidad en el empleo o las dificultades que presenta la vivienda.
Los españoles viven más años que en 1978, pero se incrementan las dolencias relacionadas con la edad
Dos de los derechos fundamentales de la Constitución, como son los que regulan la educación y la salud, han sufrido una transformación palpable en estos 25 años
Que un menor asista diariamente a clase o que un enfermo reciba tratamiento en un hospital es una práctica habitual que hoy en día no nos detenemos a valorar. Sin embargo, hace 25 años ni la Sanidad ni la Educación cubrían las necesidades de la totalidad de los españoles.
Por este motivo, el estudio «La sociedad española tras 25 años de Constitución», del Instituto Nacional de Estadística (INE) en conmemoración de las bodas de plata de la Carta Magna, repasa la evolución de estos ámbitos haciendo hincapié en el beneficio social que ha supuesto la generalización de ambos derechos fundamentales.
Sólo ocho de cada diez ciudadanos españoles estaban respaldados en materia de salud. Ocho de cada cien eran analfabetos. Estas estadísticas del año 1978 han sufrido una transformación radical. Tanto es así que el 99,8 por ciento de los residentes en nuestro país tienen garantizada actualmente su protección sanitaria y el cien por cien, su escolarización.
Hijos más preparados
«El hecho de que, en la actualidad, alcancen a realizar estudios superiores más de la tercera parte de los hijos de padres que ni siquiera concluyeron los estudios primarios constituye un logro importante en términos de justicia social». Así explica la presidenta del INE, Carmen Alcaide, el paso de gigante que se ha dado a través de la escolarización obligatoria o la concesión de becas en el ámbito educativo.
Sin embargo, los números pueden conducir al engaño.
Dicen las cifras que en 1980-81 la escolaridad alcanzaba a 9,2 millones de personas, un 9,2 por ciento más que 20 años después, con 8,3 millones de alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos. Este descenso se debe relacionar con la caída brusca de la natalidad en España, que se sitúa en un 30 por ciento. El resultado de la comparativa es, entonces, un aumento espectacular de matrículas en enseñanza infantil, secundaria y en formación profesional, habiéndose producido el mayor incremento en la enseñanza universitaria.
Por otra parte, en lo que respecta al gasto total invertido en educación, que al inicio del periodo constitucional apenas llegaba al 4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), representa hoy día el 5,7 por ciento, siendo la parte del gasto público el 80 por ciento, mientras el 20 por ciento restante corre a cargo de las familias.
Un aspecto novedoso que destaca el exhaustivo estudio del INE es el de la inversión en capital técnico y humano dedicada al ámbito de la investigación. Así, en el año 1978 el gasto en I+D interna se encontraba en un ínfimo 0,35 por ciento del PIB y el colectivo de investigadores representaba el uno por mil de la población activa. En 2001, en cambio, estas cifras se transformaron en un 0,96 por ciento del PIB y en 4,4 investigadores por cada mil personas inscritas en la Encuesta de Población Activa respectiva.
Concluye este apartado concediendo una singular relevancia al hecho de que el acceso a la cultura haya llegado a todos los rincones de nuestro país, a través de libros, nuevas tecnologías y otros medios, y resalta también el avance registrado en la enseñanza de lenguas vernáculas distintas del castellano.
Aumento de la esperanza de vida
Si en 1970, la esperanza de vida de los varones era de 69,01 años y de 74,58 en el caso de las mujeres, el indicador ha variado progresivamente y en la actualidad se sitúa en 76,07 años los hombres y 82,80 las féminas. Sin embargo, este notable aumento en la longevidad de los españoles también tiene su parte menos positiva, y es que ha repercutido en el incremento de problemas y enfermedades relacionadas con la edad, como son la demencia senil y presenil que tiende a precipitarse a partir de los 70 años.
El lado bueno es que estas personas recibirán una mejor asistencia, debido a que en los últimos 25 años el número de personal sanitario se ha duplicado. Los 75.081 médicos que ejercían en 1978 se han multiplicado por dos y medio, al igual que los 97.110 diplomados en enfermería, que lo han hecho por 2,1. A pesar de todo, el cuidado de las personas mayores sigue siendo una asignatura pendiente. La falta de residencias y la dudosa calidad de algunas de ellas se une a una limitada asistencia domiciliaria. Un verdadero problema, especialmente en el caso de ancianos con minusvalías o alguna discapacidad grave que no les permite desarrollar determinadas actividades de la vida cotidiana y a menudo viven solos y se encuentran desatendidos.
La educación sanitaria de la población es un dato destacable. El mayor nivel de información ha permitido que se evite un gran número de fallecimientos de menores de un año, que en el caso de los recién nacidos se ha reducido tanto que el índice de muertes se encuentra por debajo del 0,2 por ciento. Asimismo, un 99,6 por ciento de los nacimientos, todos salvo casos excepcionales, se atienden en centros sanitarios y la mortalidad materna se ha dividido por seis. Sólo fallecen algo más de tres mujeres por cada 100.000 nacimientos, 18 menos que en el 78.
España ha pasado de ser un país de emigrantes a un destino prioritario de inmigrantes en sólo 25 años
La evolución de la economía española desde el inicio del periodo constitucional ha sido notable y ha conseguido acortar distancias entre las diferentes regiones
Si hay algo que ha cambiado en España casi drásticamente desde la entrada en vigor de la Constitución es la estructura económica.
Si bien la distribución de la renta entre las diferentes Comunidades Autónomas sigue siendo desigual, al menos se han acortado las distancias que hace 25 años eran abismales. También nuestro país ha sufrido un giro de 360 grados en otro asunto de enorme actualidad: la inmigración. La «piel de toro» no sólo ha visto cómo retornaron aquellos que cruzaron las fronteras en busca de trabajo durante los años sesenta, sino que además ha contemplado cómo poco a poco la inmigración se ha convertido en uno de los fenómenos más preocupantes.
La agricultura que un día fue el pilar de riqueza de España empezó a perder peso en la etapa preconstitucional en beneficio del sector servicios, especialmente del turismo y la hostelería. La mejora de las condiciones de vida es evidente desde entonces hasta ahora y el aumento de la renta se ha traducido en más ocio, transporte, cultura y comunicaciones en detrimento relativo de los bienes de primera necesidad, como la alimentación que ha pasado de suponer un 30,9 por ciento del gasto total a un 22,4 por ciento. Así lo refleja el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicado con objeto de reflexionar sobre la evolución de distintos derechos constitucionales.
Menos diferencias entre regiones
Si nos detenemos en el mapa autonómico, observamos que la distribución de la renta se reparte de forma más equitativa que en el 78. Además, algunas de las regiones que tenían la renta más alta en esta época, como Madrid y Cataluña, son las que más han contribuido a compensar los desequilibrios, hasta el punto de verse superadas actualmente por el País Vasco y Navarra, posiblemente por la aplicación de los conciertos económicos.
Eliminando el efecto de los aumentos de precios, el consumo medio por persona ha crecido un 22,1 por ciento entre 1974 y 2001, pero es importante destacar que este incremento del consumo no se ha producido por igual en todos los grupos sociales, aunque es cierto que las desigualdades se han reducido. En 1974, el gasto medio de una persona con estudios superiores era 3,8 veces más elevado que de una analfabeta y tres veces mayor que el de quienes vivían en familias cuyo sustentador no había completado la enseñanza primaria. En 2001, la diferencia se redujo y fue sólo 2,3 veces mayor el gasto de un titulado que el de una persona sin estudios.
En la actualidad disponemos además de todas las comodidades. Es raro el hogar que no tiene agua corriente, inodoro o instalación de baño o ducha. Sin embargo, lo que ahora consideramos indispensable para la higiene estaba presente en muy pocas viviendas. En 1978, un 13,2 por ciento de la población ni siquiera tenía agua corriente, el 17,6 por ciento carecía de aseo o similar, incluido el retrete. De ello se deduce que el baño era un lujo al alcance de algo más de la mitad de la población (57, 2 por ciento).
Y esto por no hablar del equipamiento de los hogares. El 80 por ciento de la población que actualmente es propietaria de un automóvil se reduce a 33,5 por ciento si volvemos la vista hasta 1975. Los ordenadores personales, inexistentes en el 78, han experimentado en los últimos años un crecimiento acelerado. El 20 por ciento de los hogares que disponían de ellos en 1996 se ha transformado en un 33,4 por ciento. Este mismo crecimiento se observa en los gastos en comunicaciones, que han aumentado un 510,5 por ciento respecto a 1974 debido sobre todo a la generalización del uso del teléfono y la fuerte irrupción de los móviles.
Significativo es, por otra parte, el cambio demográfico acaecido en España durante el último cuarto de siglo. La población ha aumentado un 8,2 por ciento respecto a la de 1978. A los españoles que regresaron del extranjero, 646.094 desde 1981 hasta 2001, se unen los procedentes de otros países. Según los datos del INE, en 1975 residían en España 165.034 extranjeros, cantidad que tardó 20 años en alcanzar cerca del medio millón, pero que, a partir de 1995 se precipita de tal forma que sólo en los seis últimos años llegó a dos millones de personas, más del 5 por ciento de la población residente en España.
Respecto a las nacionalidades, mientras que en los años 70 predominaban los portugueses, desde principios de los 90 y hasta hoy, Marruecos se ha convertido en el principal país de origen de los inmigrantes. Estos constituyen el 15,5 por ciento de los extranjeros, seguidos por los que llegan de América del Sur, sobre todo de Ecuador, que representan un 13,1 por ciento.
España, antes y después de la entrada en la UE
Resulta innegable que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso la apertura definitiva de la economía española al resto del mundo. Al tiempo iniciaba un periodo de crecimiento sostenido que, en los últimos años ha acercado los niveles de renta españoles a los europeos. Así, el PIB per cápita español, medido en paridad de poder adquisitivo, que a principios de los ochenta se situaba 30 puntos por debajo de la media europea, ahora se encuentra a sólo 16 puntos. Por el contrario, desde la perspectiva regional, este progreso no se ha compartido de forma equitativa. Madrid, por ejemplo, ha aumentado más de 30 puntos su índice, claramente por encima de la media europea. En la misma línea están Navarra, el País Vasco, las Islas Baleares y Cataluña. La reciente entrada de nuevos socios en la UE con índices de renta bajos puede que afecte negativamente en la consecución de fondos europeos para las regiones españolas.
